El conflicto entre la empresa petrolera Perenco y el gobierno de Guatemala, se centra en la explotación de petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre, un área protegida en Petén, y las implicaciones legales, ambientales y económicas de su operación.
En principio, este conflicto vislumbra Ilegalidad del contrato y falta de estudios de impacto ambiental, cuando fue creada a mediados de los años 80´s, en 1985 para ser más precisos, según las informaciones.

La empresa Perenco opera bajo el contrato 2-85, firmado en 1985, antes que la Ley de Áreas Protegidas de 1989, prohibiera actividades extractivas en zonas como Laguna del Tigre.
En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, se otorgó una prórroga de 15 años, considerada ilegal por algunos sectores debido a la ubicación en un área protegida.
La empresa no cuenta con estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados, por lo que, viola la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente desde 1986, hace casi 40 años, señalado oficialmente por la Procuraduría General de la Nación y la organizaciones no gubernamental CALAS, que consideran que Perenco debería suspender operaciones hasta regularizar su situación legal.
El contrato de Perenco vence el 12 de agosto de 2025, y el gobierno de Bernardo Arévalo ha anunciado que no se renovará, priorizando la protección ambiental. Se planea un cierre técnico de operaciones con asesoría de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), se impulsó la iniciativa de ley 6021 para reformar la Ley de Hidrocarburos, permitiendo prórrogas de hasta 25 años.
Esta propuesta fue criticada por beneficiar a Perenco y fue archivada tras oposición de comunidades indígenas y el partido Semilla.

Impacto ambiental y demandas indígenas
Comunidades indígenas de Petén, apoyadas por el Bufete para Pueblos Indígenas, presentaron una demanda ante la Corte de Constitucionalidad en marzo de 2025 para detener cualquier ampliación del contrato, argumentando contaminación del agua y aire en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, donde habitan más de 50 comunidades.
Incidentes como un derrame petrolero en 2015 han aumentado las críticas hacia Perenco por su impacto ambiental y la falta de medidas de mitigación.
Cuestiones económicas y regalías:
Perenco produce el 91% del petróleo nacional, pero el Estado ha recibido beneficios limitados. Entre 2009 y 2018, Perenco generó US$2,615 millones, pagó US$713 millones en regalías, pero recibió US$900 millones en costos recuperables, resultando en una pérdida neta para Guatemala de US$187 millones.
Críticos como el diputado Jairo Flores han señalado que el modelo actual favorece a la empresa, y el Estado subsidia indirectamente sus operaciones.

Presiones políticas y acusaciones de sobornos:
Durante el gobierno de Giammattei, hubo intentos de aprobar reformas para extender el contrato de Perenco, con denuncias de sobornos a diputados (entre Q100,000 y Q300,000) para apoyar la iniciativa 6021.
La oposición, liderada por el partido Semilla y otros, ha resistido estas reformas, argumentando que benefician a la empresa en detrimento del medio ambiente y los intereses del Estado.
Planificación del cierre:
El gobierno de Arévalo, a través del Ministerio de Energía y Minas, está formando mesas técnicas con la industria petrolera y la sociedad civil para planificar el cierre ordenado de las operaciones de Perenco, incluyendo la gestión de 60 pozos activos y la restauración ambiental.
La falta de un plan claro para el desmantelamiento y la recuperación de la zona genera preocupación.
En resumen, el conflicto radica en la operación de Perenco en un área protegida sin estudios ambientales adecuados, la oposición del actual gobierno a renovar el contrato por motivos ambientales, las críticas a los beneficios económicos limitados para el Estado, y las demandas de comunidades indígenas por el daño ambiental. Mientras el gobierno de Arévalo busca un cierre técnico responsable, persisten tensiones por las presiones de sectores que apoyaron la extensión del contrato en el pasado.
